En entrevista con Manuel López San Martín en MVS Noticias, Oscar de la Vega, abogado con más de 30 años de experiencia en materia laboral, declaró sobre este decreto que “no es posible constitucionalmente reducir los salarios de los trabajadores del Estado, ya que se determina anualmente en los presupuestos de egresos de la Federación” haciendo referencia a la fracción IV del artículo 123 que habla de los derechos de estos trabajadores.
Indicó que los derechos laborales no pueden ser violados ni por decreto presidencial: “constitucionalmente hablando es ilegal, porque son derechos laborales que adquieren los trabajadores”.
Anteriormente, De la Vega había señalado que el hecho de declarar la contingencia sanitaria por causa de “fuerza mayor” busca dejar sin efecto la fracción VII que se incorporó al artículo 427 en la Ley Federal del Trabajo luego de Reforma de 2012, la cual indica que en casos de emergencia sanitaria el patrón deberá pagar a sus trabajadores una indemnización equivalente a un día de salario mínino hasta por 30 días, por lo que obligar el pago de los salarios sin la prestación de servicios también implicaría una violación al Estado de Derecho.
Esta fracción tiene como propósito evitar la terminación de relaciones laborales ante situaciones extraordinarias, permitiendo al empleador preservar la viabilidad de su empresa aligerándole los costos, y asegurando al trabajador una indemnización que le permita afrontar la contingencia.
En este sentido, De la Vega mencionó que se debe reconocer esta fracción pues, los empresarios están pagando un mes de salario por solidaridad, pero la incertidumbre de saber cuánto tiempo durará la contingencia puede terminar por acabar con muchas pequeñas y medianas empresas.
“Si no se protege a las PyMES durante esta crisis y se les permite utilizar mecanismos legales establecidos no van a poder levantarse, lo cual haría muy difícil reactivar la economía de nuestro país”.
Finalmente, Óscar de la Vega reitera que en momentos como este es importante apegarse a la legalidad y respetar el Estado de Derecho, sobre todo para eivtar precedentes que podrían ocasionar resultados catastróficos en el mediano y largo plazo.
