Ante la situación de emergencia sanitaria en el mundo, derivado de la pandemia por el COVID-19, las finanzas públicas de los países y de México están enfrentando riesgos. Con el cierre de sectores como el restaurantero, comercio y turismo, las economías se han visto fuertemente afectadas, aunado al bloqueo de las fronteras y una disminución de las actividades productivas.
En nuestro país, el impacto del COVID-19 dependerá de las características financieras de cada entidad, en consideración con su flexibilidad y su estructura económica, lo que se verá reflejado en al menos tres meses, en un mediano y largo plazo, de acuerdo con estimaciones de la calificadora HR Ratings.
Los Estados y Municipios primeramente agraviados fueron los que tienen como principal fuente de ingresos al turismo, lo que se refleja directamente en la recaudación de impuestos y derechos relacionados con este sector, como predial y licencias. Por otro lado, las entidades verán afectada su recaudación del Impuesto sobre la Nómina (ISN) y el Impuesto sobre Hospedaje (ISH).
Durante esta situación de emergencia también es importante prever gastos extraordinarios, ya que se estima un aumento por conceptos de transacciones directas a organismos, dependencias y compras de insumos para protección, así como medicamentos y equipo médico.
En este contexto, HR Ratings asegura que “las desviaciones en el corto plazo por arriba del 10% de los ingresos en las entidades subnacionales podrían impactar directamente en la calidad crediticia”, además de agregar que los déficits en el Balance Primario mayores al 5% y que hayan sido liquidados con toma de financiamiento a corto plazo, podrían traducirse en mayor estrés financiero, tal como lo refiere en el Informe Impacto por COVID-19: https://www.hrratings.com/pdf/ComunicadoCOVID_20200320.pdf.
Cabe destacar que una crisis prolongada podría traer otros riesgos para las entidades con clúster industriales, afectando los ingresos por Impuesto Sobre la Nómina, ya que los despidos impactan la economía de las localidades. Algo similar pasaría en las entidades con alta densidad poblacional como la Ciudad de México o Nuevo León, por lo que se tendrían que tomar acciones para evitar despidos y no afecte la actividad económica.
A largo plazo lo más preocupante es el efecto en las participaciones federales. En el Presupuesto de Egresos de la Federación 2020 se consideró un crecimiento del 3.9% respecto a 2019, sin embargo se prevé que ante las condiciones actuales, los ingresos en este rubro se verán afectados sobre todo durante el segundo semestre del año y durante todo el 2021.
La última ocasión en que cayeron los ingresos federales en un 20% respecto al año anterior fue en 2008, lo que obligó a los Estados a contratar deuda a corto y largo plazo, así como a retrasar los pagos a proveedores y contratistas. Si esta situación se prolonga, las entidades federativas podrían considerar este ejercicio para poder hacer frente a sus obligaciones.
López Elías Finanzas Públicas
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